martes, 14 de mayo de 2013

Tribunal Marítimo decide sobre oposición a embargo. Caso SIDOR vs CORINOCO C.A.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MARÍTIMO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS.- Caracas, 16 de septiembre de 2010 Años: 200º y 151º En fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2006, los abogados en ejercicio Pedro Perera Riera, Nelxandro Román Sánchez y Dubraska Galarraga Ponce, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil SIDOR, C.A., presentaron demanda contra la sociedad mercantil CORINOCO, C.A. El día seis (06) de julio de 2009, se recibió proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el presente expediente. Mediante auto de fecha nueve (09) de julio de 2009, este Tribunal se declaró competente para conocer de la causa, se avocó al conocimiento y ordenó la notificación de las partes. Por auto de fecha ocho (08) de diciembre de 2009, este Tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En fecha catorce (14) de agosto de 2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida de embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada. Mediante auto de fecha trece (13) de abril de 2010, este Tribunal en virtud de la reposición de la causa al estado de admitir la demanda, decretó la medida de embargo preventivo de bienes muebles de la parte demandada, para lo cual y a los efectos de su práctica se comisionó al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El día quince (15) de abril de 2010, el abogado en ejercicio Pedro Ramírez, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CORINOCO, C.A., presentó diligencia donde apeló del auto de fecha trece (13) de abril de 2010, que decretó la medida de embargo. En fecha dieciséis (16) de abril de 2010, el abogado en ejercicio Pedro Ramírez, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CORINOCO, C.A., presentó escrito de oposición a la medida de embargo. Mediante auto fecha veintiuno (21) de abril de 2010, este Tribunal declaró improcedente la apertura de la incidencia establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Por auto de fecha veintidós (22) de abril de 2010, este Tribunal negó la apelación interpuesta contra el auto de fecha trece (13) de abril de 2010. El día veintisiete (27) de abril de 2010, el abogado en ejercicio Pedro Ramírez, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CORINOCO, C.A., presentó escrito de promoción de pruebas. En fecha trece (13) de julio de 2010, este Tribunal recibió proveniente del Juzgado Octavo de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, las resultas de la comisión para la práctica de la medida de embargo preventivo, la misma fue devuelta por falta de impulso procesal. I MOTIVOS PARA DECIDIR Ahora bien, la medida acordada en el presente proceso, a saber: embargo preventivo de bienes muebles, forma parte de las medidas cautelares nominadas que consagra el Código de Procedimiento Civil, cuyo procedimiento se encuentra regulado en los artículos 601 al 606 de dicho cuerpo normativo, siendo el artículo 602 eiusdem el que determina la oportunidad para realizar la oposición a tales medidas, en los siguientes términos: “Artículo 602.- Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar. Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. (…)”. Del citado precepto se desprenden dos posibilidades, a saber: la primera de ellas, que la medida sea ejecutada cuando la parte contra quien obre se encuentre ya citada, caso en el cual el lapso para la oposición comenzará a correr desde la ejecución de aquélla; y la segunda, que habiéndose ejecutado la medida aún no se haya citado a la parte contra quien obra, supuesto en el que se computará el lapso para la oposición desde que se realice la citación correspondiente. De esta manera, los supuestos regulados por la norma in commento resultan cónsonos con el tratamiento general que se da a las medidas preventivas y con la finalidad que las mismas están destinadas a cumplir. Es así que, las providencias cautelares ordinariamente se otorgan inaudita alteram parte, es decir, sin escuchar a la contraparte de la peticionante de la cautela, pues en virtud de la naturaleza de este tipo de medidas, normalmente son solicitadas, decretadas y practicadas antes de que se fije el contradictorio en el juicio, todo ello con el objeto de garantizar que el fallo definitivo que recaiga en el proceso pueda materializarse. De otra forma, esto es, de auspiciarse el conocimiento de la parte contra quien obra la pretendida medida y la contención entre los actores del proceso previa a su otorgamiento, sería probable que el potencial obligado se insolventara vaciando así de contenido y efectividad la medida en cuestión e imposibilitando que se asegure la ejecución de la sentencia de mérito. De allí que en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, se prevea la oportunidad de oponerse a las medidas preventivas cuando ya éstas han sido ejecutadas, puesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 601 eiusdem, en aquellos casos en los que el tribunal encontrase suficientes las pruebas producidas como soporte de la solicitud cautelar, “…decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución”, debiendo dictarse dicho decreto en el mismo día en que se haga la petición, lo cual si bien no siempre ocurre así, como es lógico suponer, deja muy poco margen de tiempo para que el afectado, aun cuando se encuentre citado, se oponga a la medida aún no decretada. En tal sentido, puede advertirse en el caso de autos que la sociedad mercantil CORINOCO, C.A., formuló su respectiva oposición a la medida de embargo preventivo de bienes muebles decretada contra ellas, con anterioridad a que dicho embargo se ejecutara, es decir, antes del lapso previsto para tal fin en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Siendo ello así, resulta pertinente destacar que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se ajusta a la tutela judicial efectiva y a la obligación del Estado de garantizar una justicia sin formalismos inútiles, el reprender la excesiva diligencia de la parte que aún antes de la oportunidad procesal idónea ejerce su derecho a la defensa en el curso de un proceso. Sin embargo, aun cuando tal criterio conduce a concluir que la oposición presentada por el apoderado judicial de la sociedad mercantil CORINOCO, C.A., a la medida preventiva decretada en su contra, no debe ser declarada extemporánea por anticipada, no es menos cierto que a tenor de las normas adjetivas antes puestas de relieve, la incidencia de oposición a la medida cautelar y, dentro de ésta, la articulación de ocho (8) días para la promoción y evacuación de pruebas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, no se ha iniciado todavía, dado que tal trámite procesal tiene lugar -conforme lo ya expresado- después de la ejecución de la medida preventiva, situación que en el presente caso aún no ha ocurrido. Por tales motivos antes señalados, el trámite de la incidencia correspondiente a la oposición no puede iniciarse anticipadamente a partir del decreto de la medida o de las oposiciones efectuadas; de allí que no corresponda en la presente oportunidad resolver los planteamientos formulados por la parte demandada. Así se declara. II DECISIÓN En virtud de las consideraciones que anteceden, este Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que no corresponde resolver en el presente estado del juicio, la oposición formulada por la sociedad mercantil CORINOCO, C.A., al embargo preventivo decretado mediante decisión de fecha trece (13) de abril de 2010, en el marco de la demanda por COBRO DE BOLÍVARES y DAÑOS Y PERJUICIOS que contra ella interpusiera SIDOR, C.A. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), siendo las 10:10 de la mañana. Publíquese y Regístrese. Cúmplase con lo ordenado. EL JUEZ FRANCISCO VILLARROEL RODRIGUEZ EL SECRETARIO ALVARO CÁRDENAS MEDINA En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. Se publicó y se registró sentencia, siendo las 10:15 de la mañana. Es todo.- EL SECRETARIO ALVARO CÁRDENAS MEDINA FVR/ac/mt.- Expediente Nº TI- AH12-M-2006-000089 (2009-000293)

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